El pasado 12 de marzo, miembros del movimiento estatal “RegularizaciónYa” defendían ante la Comisión de Empleo, Asuntos Sociales, Inclusión y Migración del Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular que busca la ejecución por parte del gobierno de una regularización extraordinaria de extranjeros en situación irregular residentes en España, y que ha logrado casi 700.000 firmas, convirtiéndose así en la iniciativa popular con mayor número de firmas obtenidas en la historia de la democracia española. Un mes después, el 9 de abril, fue aprobada por el Congreso de los Diputados con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción de VOX, lo cual resultó una grata sorpresa para los que promovieron esta iniciativa. Una vez aprobada, el Congreso dió al Gobierno un plazo de 6 meses para la elaboración de un real decreto que establezca el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encuentran en territorio nacional desde antes del 1 de noviembre de 2021.
Según el estudio “Extranjeros, sin papeles e imprescindibles: Una fotografía de la inmigración irregular en España” elaborado por la fundación Por Causa, a finales de 2019 el número de personas inmigrantes que residían de manera irregular en España era de entre 390.000 y 470.000, aunque debido a la dificultad de su estimación este número podría ser más alto. Ahora bien, ¿qué supone para estas personas no contar con residencia legal en nuestro país? Implica la total desprotección social y laboral y el abandono absoluto por parte de las instituciones, lo que provoca directamente un aumento del riesgo de pobreza entre estas personas y una gran indefensión y vulnerabilidad ante la explotación laboral.
El mismo 9 de abril se anunciaba también la derogación de la conocida como “Visa oro”, un instrumento que permitía adquirir el permiso de residencia a aquellas personas que adquiriesen un inmueble por valor igual o superior a 500.000 euros. No hace falta comentar mucho sobre esta noticia, simplemente añadiremos que es una prueba más del carácter clasista y burgués del Estado español y del resto de democracias occidentales, pues España no es el único país que contaba con este instrumento.
Por otro lado, los colectivos de personas migrantes y organizaciones no gubernamentales vienen desde hace muchos años pidiendo la derogación de la Ley de Extranjería y la redacción de una nueva Ley más favorable para las personas extranjeras residentes en España, pero se han encontrado con la negativa de los sucesivos gobiernos. Ni siquiera “el gobierno más progresista de la historia” atiende las peticiones de sus votantes, dando la espalda a los más afectados por el sistema imperialista.
La Ley de Extranjería y la importancia de la regularización
A continuación, y para poder conocer un poco más la situación a la que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes que residen en nuestro país y el porqué la regularización es tan importante para ellas, vamos a enunciar las principales opciones que existen en la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, comúnmente conocida como Ley de Extranjería, para acceder al permiso de residencia y de trabajo.
En primer lugar, nos encontramos con el arraigo laboral, que es una autorización que se otorga a los extranjeros que han residido en España durante al menos dos años consecutivos y pueden demostrar que han tenido relaciones laborales continuas durante un periodo mínimo de seis meses. En la práctica, se trata de la modalidad menos utilizada debido a la dificultad de demostrar la existencia de la relación laboral, ya que conlleva un proceso judicial, debiendo el trabajador asumir los costes del proceso judicial y las posibles represalias por parte del empresario.
Por otro lado, el arraigo social es una modalidad de autorización de residencia temporal que se concede a los extranjeros que hayan residido en España durante al menos tres años continuados y tengan una oferta de empleo que garantice al menos el salario mínimo interprofesional o el salario establecido, en su caso, en el convenio colectivo aplicable, en el momento de la solicitud, y que represente una jornada semanal no inferior a treinta horas en el cómputo global, o veinte horas en los casos que se acredite tener a cargo menores o personas que precisen medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, vayan a desarrollar una actividad por cuenta propia o acrediten tener medios económicos propios o los de un familiar. Es necesario añadir que la reciente modificación del Reglamento de extranjería estableció que en el caso de contratos a tiempo parcial se debía cobrar al menos el salario mínimo interprofesional, dificultando aún más el acceso a esta modalidad de autorización.
Otra opción a la que se recurre en la práctica habitualmente es el arraigo familiar, que permite acceder al permiso de residencia y trabajo a los padres de niños con nacionalidad o residencia española, a los cónyuges o parejas de hecho de ciudadanos españoles, a los ascendientes mayores de 65 años o menores de dicha edad a cargo del reagrupante y a los hijos menores de 21 años o mayores de dicha edad a cargo del reagrupante. El problema de esta opción reside en los requisitos exigidos, ya que, entre otros, piden demostrar que tienes medios económicos suficientes para mantener a los familiares que se reagrupan.
Además de las tres modalidades mencionadas, existen otras menos utilizadas como el arraigo para la formación o la concesión de asilo internacional.
A todo lo anterior hay que añadir un problema, la excesiva burocracia: tasas, papeleo, trámites, etc, que no hacen otra cosa que complicar el proceso para la obtención de los papeles, obligando a las personas a recurrir a abogados que les ayudan encantados, eso sí, previo pago de la tarifa correspondiente. Además, los permisos iniciales por arraigo laboral y social se otorgan por el plazo de un año, por lo que una vez transcurrido dicho plazo es necesario someterse al proceso de renovación, con los correspondientes trámites, tasas y esperas.
Ante la complejidad de la situación jurídica, la excesiva burocracia y los elevados tiempos de espera, los extranjeros residentes en España se ven obligados a buscar otras opciones más rápidas para acceder al permiso de trabajo. Entre ellas vamos a destacar los contratos falsos por los que el trabajador asume el pago de las cuotas a la Seguridad Social de la empresa y de las suyas propias como trabajador, además de todas las tasas exigidas en el proceso, a pesar de que muchas veces no se trata en sí de una relación laboral falsa, sino que la relación existe con anterioridad pero el empresario no está por la labor de cumplir con la ley y abonar las cuotas que les corresponden.
El Estado burgués y sus leyes dejan tan olvidadas a estas personas que se ven obligadas a hacer grandes esfuerzos económicos para obtener un permiso de trabajo que les debería corresponder por el solo hecho de encontrarse trabajando en España, y todo esto sin detenernos a analizar el aspecto emocional que implica para estas personas llevar años trabajando en un país que les niega el acceso a los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Es por este motivo que la regularización cobra una especial relevancia, convirtiéndose para muchas personas en prácticamente la única opción de poder acceder al permiso de residencia y ejercer sus derechos.
La política migratoria al servicio de la burguesía
Dicen que dos noticias se entienden mejor juntas, y por ello es necesario añadir que desde finales del año pasado llevan apareciendo en los medios de comunicación noticias con titulares tales como: “Siete de cada diez empresas españolas no encuentran trabajadores” o “¿Por qué no hay trabajadores? La realidad silenciosa del campo español”, entre otros. Puede parecer casualidad que los empresarios se quejen de que no encuentran trabajadores para los empleos más precarios y acto seguido se plantee una regularización extraordinaria de personas migrantes, pero hay personas como la que escribe este artículo que no creemos en las casualidades sino en las causalidades. La burguesía necesita mano de obra para aquellos trabajos con unas condiciones más duras y con salarios que apenas alcanzan el mínimo legal, y si no la consigue entre la clase trabajadora de su país, no duda en recurrir a los ciudadanos de los países imperializados que se ven obligados a buscar una vida mejor en los países occidentales, y en caso de que la situación económica empeore y la oferta de trabajo se contraiga, procede de inmediato a cerrar sus fronteras y dejar morir a quienes intentan llegar hasta ellas.
Por tanto, si alguno pensaba que la regularización extraordinaria se trataba de una victoria popular o de una concesión de la socialdemocracia a los más afectados por la explotación del sistema imperialista, es necesario exponerle que se equivoca. La política migratoria ha sido y sigue siendo utilizada por los países imperialistas como un instrumento de regulación de sus mercados de trabajo, a través de la cual consigue satisfacer la demanda de empleo, principalmente trabajo precario y no cualificado.
Para demostrar la afirmación anterior y centrándonos en el caso del Estado español, sólo hace falta echar la vista atrás y analizar cuando se han realizado las anteriores regularizaciones de personas extranjeras. La primera de ellas tuvo lugar en el año 1986, coincidiendo con la expansión de la economía española posterior a la dictadura y coincidiendo con la entrada en la Unión Europea. Más tarde, en 1991-1992, tuvo lugar la segunda gran regularización, afectando a más de 100.000 personas, justo antes de la crisis de 1993. Entre el año 1996 y 2005, coincidiendo casualmente con la época de mayor crecimiento económico y de mayor demanda de empleo de la economía española, especialmente en el sector de la construcción, tuvieron lugar hasta cuatro regularizaciones extraordinarias afectando a más de 500.000 personas. Sin embargo, desde la crisis de 2008, en la cual se alcanzaron cifras históricas en la tasa de desempleo, no se ha producido ninguna regularización de personas migrantes hasta ahora, justo cuando la burguesía se queja de que no encuentra trabajadores para su empleo precario. Se puede observar como todas las regularizaciones se producen en épocas de expansión económica y ninguna durante las varias recesiones o crisis.
No obstante, también es relevante tener en cuenta las diferencias en cuanto a número de personas afectadas por las distintas regularizaciones, que varía desde las 21.000 en el año 1996 hasta las 576.000 en 2005, lo que depende principalmente de los requisitos establecidos para acceder, por lo que en la próxima regularización, al igual que en las anteriores, el Estado tiene la última palabra sobre las condiciones y por, tanto, sobre los resultados que se obtendrán, quedando limitada la participación de los ciudadanos a la presentación de la iniciativa de ley y a una consulta que en ningún caso vincula a los encargados de redactar la ley que la regule.
Sin embargo, el hecho de que la regularización de personas extranjeras pueda ir en sintonía con los intereses del capital y su necesidad de mano de obra barata, no quiere decir que debamos posicionarnos en contra de esta medida, ya que puede beneficiar a 500.000 personas que ya trabajan de forma irregular sufriendo la explotación laboral en el mayor grado posible en nuestro país, y si bien obtener el permiso de trabajo no va a ser la solución a todos los problemas de estas personas, pues en muchos casos seguirán optando a los trabajos más precarios, supone un gran cambio en sus vidas en cuanto a la protección social que les otorga el hecho de cotizar a la Seguridad Social como cualquier otro ciudadano y poder ejercer sus derechos más básicos.
No hay que caer en el discurso chovinista antiinmigración que señala a las personas migrantes como culpables de sufrir una mayor explotación o, según este discurso, de aceptar unos trabajos con condiciones más deplorables por su situación de necesidad, empeorando así las condiciones generales del mercado de trabajo, un discurso que señala a las víctimas como verdugos, en lugar de mirar hacia el empresario que ofrece esas condiciones o al Estado burgués que no hace nada por evitar estas situaciones y hacer cumplir las leyes que tanto predican.
Algunas conclusiones
Nuestro deber como comunistas internacionalistas es ponernos del lado del oprimido y no del opresor y exigir la derogación de la Ley de Extranjería y su sustitución por una ley más justa y una regularización que incluya al mayor número de personas posible, condenando el discurso reaccionario antiinmigración aun cuando se disfrace de comunista, pues no hay que olvidar que estas personas que se encuentran en nuestro país sin tener residencia legal no viven del aire ni de las ayudas, puesto que sin permiso de residencia no es posible optar a ningún tipo de prestación o subsidio, sino que ya se encuentran trabajando de forma irregular sin ningún tipo de protección legal y sometidos a las peores condiciones laborales, por lo que su regularización no va a suponer una mayor demanda de trabajo ni un empeoramiento de las condiciones generales del mercado de trabajo, sino que les va a ofrecer la posibilidad de ejercer sus derechos y reclamar lo que les pertenece.
Por tanto, se puede concluir que, aunque la iniciativa del proyecto de regularización que se está regulando proviene directamente del “pueblo” y resulta necesaria y justa para las personas extranjeras que residen y trabajan en el Estado español, su eficacia y resultados van a depender de la necesidad de mano de obra del capital en el momento de su aprobación, ya que como se puede observar en las regularizaciones anteriores, el número de personas que se benefician de ellas puede ser muy distinto en función de los requisitos exigidos en la normativa que las regula. De nuevo se observa la función de los Estados como gestores y garantes de los intereses de la burguesía. Es por esto que debemos apoyar a estas personas en la conquista de sus derechos, pero sin olvidar que la única forma de acabar con la desigualdad y la explotación que son inherentes a la naturaleza del sistema imperialista es la revolución socialista, para lo cual es necesaria la organización de la clase obrera, nativa y extranjera, bajo las filas del partido que nos guíe hasta alcanzar nuestro objetivo.