El pasado sábado 28 de octubre el colectivo Palestina Libre organizó en Cartagena una nueva concentración en apoyo al pueblo palestino. Cientos de personas acudieron a la Plaza del Rey, frente al Arsenal Militar y la concentración transcurrió sin ninguna incidencia; se gritaron cánticos de apoyo a la resistencia y se leyó un manifiesto donde se defendió el legítimo derecho de Palestina a defender y reclamar su territorio. También se volvió a señalar a la Unión Europea, el Estado español y el Gobierno como cómplices del genocidio perpetrado por Israel.
Lo que a todas luces fue una concentración al uso, similar a la que todos hemos acudido alguna que otra vez, se saldó con la identificación de tres compañeros. Al finalizar la concentración, cuando todo el mundo recogía sus materiales, la Policía Nacional, quien desde una hora antes del inicio de la concentración se encontraba en la plaza y que no había intervenido en ningún momento, procedió a interceptar a dos compañeros a los que exigió su identificación.
Los agentes señalaron que la concentración no había sido comunicada a Delegación del Gobierno y que por lo tanto, por protocolo, necesitaban «un par de identificaciones, por lo que pudiera pasar». Los compañeros les explicaron que no solo estaba comunicada a la Delegación, sino que también al Ayuntamiento y que había sido autorizada. Ante la respuesta, los policías decidieron cambiar su versión y justificaron la identificación bajo el pretexto de que la Delegación no les había informado y que por lo tanto no tenían constancia de que se iba a celebrar la concentración. En este punto recordamos que dos furgones se encontraban en la plaza una hora antes, y que como todos bien sabemos, cuando una concentración se realiza «sin permiso» la policía es la primera que no tiene miramientos en intervenir, a menudo violentamente. Cuando los compañeros les señalaron la pobreza de su argumentación, como es costumbre, sus palabras adquirieron un tono mucho más violento. La justificación volvió a cambiar, y entonces, voilà, comentaron que querían las identificaciones de los dos compañeros y no de otros. ¿El motivo? Porque «llevaban banderas y pancartas». Todo el mundo llevaba banderas y pancartas, ¿qué les molestó en especial? ¿Las banderas rojas? No hay que ser muy listo para entender el porqué de esta arbitraria identificación. En este momento acudió la compañera que había solicitado el permiso, y con el mismo en la mano, se lo mostró a los policías. La compañera fue también identificada y sin rehusar la identificación arbitraria de los otros dos compañeros, se marcharon.
Pese a que no sucedió nada grave, el propósito de la policía, cuerpo dependiente del Gobierno de la socialdemocracia y que sigue instrucciones de los organismos políticos superiores, no fue otro que intimidar y tener a disposición algunos nombres de interés con los que, llegado el momento, poder ejercer cualquier tipo de represión. Esta es la forma de actuar de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Gobierno: la política del miedo. ¿Vamos a tolerar su impunidad? ¿Vamos a seguir bailándole el agua a la socialdemocracia? En esta ocasión, aunque la actuación tuvo un objetivo político claro, se trata de una nimiedad en comparación con lo que han vivido otros compañeros del Estado o de lo que hemos vivido en la Región en otras ocasiones. Sí es un caso más que se suma a la entrada de la policía en la universidad en 2018 y la agresión a decenas de estudiantes, las identificaciones masivas cuando se protestaba por la liberación de Pablo Hasél en la plaza de la Glorieta, el caso de la compañera Sandra, etc. Hoy, cualquier caso de represión sigue amparado por la Ley Mordaza, aquella que la socialdemocracia ha mantenido y que mantendrá cuatro años más si consigue formar Gobierno.
Este tipo de sucesos, gobierne quien gobierne, no van a cesar. La represión se ejerce igual que hace diez años, aunque ahora, los golpes, las multas y las detenciones son más democráticas y diversas que nunca.